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Urgen acuerdos
Controversias
La polémica sobre el Parque Nacional Tulum -una de las reservas
naturales más importantes de México- mantiene su vigencia a raíz de la
suspensión ordenada la semana pasada por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) a un plan de desarrollo urbano que aprobó el Ayuntamiento de
Solidaridad en 2007.
Se ha vuelto un asunto representativo del debate que hay entre el desarrollo
turístico, la protección al ambiente, el estado de Derecho y la autenticidad
política y del servicio público. Parece que será aún más espinoso el tema que
involucra decretos presidenciales para preservar la riqueza natural, reclamos de
propiedad privada y pública estatal en la demarcación, el nacimiento del nuevo
municipio del mismo nombre y la guerra verbal y jurídica de protagonistas con
diferentes intereses y puntos de vista.
Diferentes partes repiten una y otra vez sus argumentos sin que parezca que
haya un diálogo fructífero que pudiera dar una salida. Y así estaría también en
lo legal, pues se sabe que corren juicios entre particulares, gobiernos y más
recientemente la Controversia constitucional en marcha en la SCJN.
Si bien esta controversia está más ligada al plan de desarrollo mencionado
-incluyendo densidades y usos de suelo- que con la constitución de un nuevo
municipio, es una evidencia real más, que el futuro de Tulum se debate entre
procesos legales y políticos, banderas ambientalistas y acuerdos en el papel,
que en realidad representan enfrentados puntos de vista e intereses.
Habrá que ver si prevalecerá aquí el Derecho, la protección al ambiente y las
atribuciones de cada autoridad o si valdrán más las presiones
económico-políticas y hasta el oportunismo. No sólo por el usufructo de tierras
y mares, sino por todo el contexto de poderes económicos y políticos que incluye
el tema.
El reconocimiento del Parque Nacional Tulum no necesariamente está peleado
con el nacimiento del nuevo municipio, por el contrario, podría convivir con esa
área natural. Si bien es verdad que quienes se dicen propietarios tienen derecho
a reclamar sus tierras, eso no implica necesariamente que haya que afectar un
área específica, al menos visto desde un punto de vista global.Municipio fuerte
Los ayuntamientos tienen entre sus obligaciones y derechos, diseñar y aplicar
planes de ordenamiento desde el punto de vista ciudadano, con la expectativa de
garantizar calidad de vida y legalidad, pero siempre habría que cuidar no
confrontar, sobre todo en lo práctico, otros ordenamientos.
El referido plan, según se presentó en su momento en una conferencia de
prensa, tuvo las firmas y la presencia de varios representantes, entre ellos el
de la Semarnat, dependencia que ahora, de parte de la Presidencia de la
República -hace muchos años decretadora del Parque- promovió la controversia
constitucional, cuyos efectos, además de la suspensión, aún están por verse.
¿En realidad estaban de acuerdo cuando presentaron el plan? Con frecuencia se
oyen críticas entre autoridades, curiosamente casi con los mismo argumentos.
Ello genera cortinas de humo entre la ciudadanía, pero todo parece indicar que
es mucho lo que está en juego, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino
de la clase de estado -en su sentido más amplio- que será Quintana Roo en los
años futuros.
Román Quian
La respuesta del actual presidente municipal de Solidaridad,
Román Quian, ha sido puntual sin caer en lapidar a otros protagonistas en este
tema: "La reacción del Ayuntamiento es en el estricto sentido legal".
Varios funcionarios de todos los niveles opinan sobre el tema según la parte
a la que corresponden, pero habrá que ver los alcances que tendrá esta
controversia.
En general el término se entiende como un asunto de opinión en el cual existe
discrepancia entre las partes activas, sea por desacuerdo, discusión o debate.
Las controversias pueden variar en tamaño desde disputas privadas entre dos
individuos hasta desacuerdos a gran escala entre sociedades enteras. Se
considera que este término es sinónimo de polémica
En este tema en particular, son juicios que se promueven en única instancia
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se suscitan conflictos
entre poderes o niveles de gobierno, y lo que en ellas se controvierte es si
alguno de ellos afecta a otro en su esfera competencial, contraviniendo con ello
a la Constitución Federal.
Estas definiciones parecen confirmar que el tema del Parque Nacional Tulum
podría tener mucho más fondo del que se espera.
Mil millones y diez años
Ya hubo una propuesta quintanarroense para la recuperación de playas.
Aunque se espera que, independientemente del esquema, se empiece este año con
los trabajos y los resultados. Se ha informado que se requerirán mil millones de
pesos en un plazo de una década para la recuperación y mantenimiento. Eso hace
pensar cómo será Quintana Roo dentro de diez años.
250 millones serían aportados por el Gobierno Federal, y 750 correrían a cargo
del gobierno de Quintana Roo, ayuntamientos involucrados e iniciativa privada.
Por supuesto que requerirá acuerdos sacar esta propuesta más por los plazos y
montos que seguramente requerirán garantía de continuidad.
Mientras tanto se esperan acciones inmediatas que serán la llave para
garantizar a largo plazo buenas playas en Quintana Roo, es decir medidas
permanentes que eviten llegar a situaciones como la actual, que además de las
condiciones urgentes, evidencia falta de programación en el tema.
Posiblemente no sea tan fácil homologar municipios, tiempos, recursos, pero con
trabajo conjunto y profesional, así como con la participación, se lograrán
excelentes resultados.
Un plan de mil millones y diez años, si bien seguramente no es fácil ni
barato estructurarlo, evitaría los "bomberazos" sobre el tema que se han visto y
consideraría incluso imprevistos como los huracanes, que aquí ya no son tan
imprevistos.
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